miércoles, 12 de agosto de 2015

La reforma del código penal ¿un camino hacia la eugenesia?


Charles Darwin (1809-1882), tras enunciar la teoría de la evolución, mostró –no sin cierta preocupación-  la nula aplicación que ésta podría llegar a tener modernamente en la especie humana, debido a que  las implicaciones socioeconómicas impedían que siempre los naturalmente más aptos pudieran imponerse. Posteriormente, su primo Francis Galton (1822-1911), trató de solventar esta cuestión, desarrollando dentro de la filosofía social el nuevo concepto de “eugenesia”, esto es, la selección artificial del proceso de reproducción humana, a fin de garantizar que los mejores genes fueran los propagados en último término. Esta concepción fue utilizada posteriormente para justificar los ideales de superioridad de la raza, nazismo y limpieza étnica,  pero incluso países occidentales (Suecia, EEUU) aplicaron leyes eugenésicas hasta finales de los años 70

En España, la concepción cristiana imperante en nuestra sociedad impidió que triunfasen estas premisas, pero la nueva reforma del código, experimentada por la ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, puede suponer, sin los controles precisos, un nuevo marco favorecedor de estas prácticas. Veamos por qué
El Artículo 156 párrafo 2º, anterior al 1 de julio de 2015, señalaba:
Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquélla, tomándose como criterio rector el del mayor interés del incapaz, haya sido autorizada por el Juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz.

En relación a él, para tratar de determinar el cuándo una persona era un “deficiente psíquico”, se recurría a la Clasificación Internacional de enfermedades (CIE o ICD, en inglés) que la OMS publica cada diez años (actualmente el CIE-10) , así como a la llamada DSM –IV-R, publicada en 1995 por la Asociación Psiquiátrica Americana (en 2000 se publicó el DSM- IV- TR y en 2013 el DSM-5) así pues se solía considerar como tales a la oligofrenia, psicosis, neurosis, psicopatías y pedofilia. El término “grave” se reservaba al primer caso, la oligofrenia, utilizándose la posiblemente caduca –aunque muy ilustrativa, de ahí que prefiera seguir usándola- clasificación basada en la edad mental, entre:
- Idiocia (edad mental inferior a 4 años, y coeficiente no superior al 25% de la normalidad)
- Imbecilidad (edad mental entre 4 y 8 años y coeficiente entre el 26-50%)
- Debilidad mental  (edad mental entre 8 y 11 años, coeficiente 51-70%)
- Torpeza mental (por encima de los anteriores, pero sin llegar a la total normalidad)

En los tres primeros supuestos, la persona se consideraba con una deficiencia mental grave, de ahí que tras el preceptivo informe médico, el juez procediese, en caso pertinente,  a la autorización de su esterilización.

Actualmente, el  párrafo segundo del artículo 156 señala:
No será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior –en el que se exige que sea válido, libre, consciente y expresamente emitido-, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil.

En la nueva redacción se produce una peligrosa ambigüedad, ya que deja prácticamente en manos de la decisión del juez toda la cuestión. Para empezar, ya no se ciñe exclusivamente al supuesto de deficiencia psíquica grave. Basta con que la persona no sea capaz de prestar su consentimiento de forma válida, libre y expresa. Es cierto que se exige que esta imposibilidad sea permanente, y además sin posibilidad alguna de prestarlo, pero a fin de cuentas es el Juez quien decide si el consentimiento es válido o no, y ello mengua estas garantías. Recordemos que la Disposición Adicional Primera de la LO 1/2015 de 30 de marzo enmarca este procedimiento de esterilización dentro de un proceso civil de modificación de capacidad. Así pues, el propio Juez de lo civil habrá de decidir si A) una persona tiene capacidad para celebrar los actos precisos de su vida diaria y B) si a consecuencia de lo anterior tiene capacidad para seguir teniendo hijos
Por otro lado, insiste el código en que sólo será posible en supuestos excepcionales, y cuando haya un grave conflicto de bienes jurídicos, salvaguardando el mayor interés del afectado. Ello  adolece de una peligrosísima vaguedad, porque A) la excepcionalidad la lleva implícita el propio tema a tratar. Esterilizarse no es una cuestión precisamente cotidiana B) La exigencia de que haya conflicto entre bienes jurídicos no está acotada. No deja claro si deben ser bienes jurídicos atribuibles todos al afectado o también entrarían los de otras personas o incluso de la sociedad C) la exigencia de salvaguardar el mayor interés del afectado entronca con la anterior, pero supone igualmente una valoración de tipo subjetiva, que en última instancia afecta la libertad individual de otro. No es una cuestión ligera decidir por otra persona sobre si debe o no tener hijos,

Y ¿por qué planteo todo esto? Porque las leyes eugenésicas, a las que inicialmente hice referencia, fueron concebidas con un propósito de mejorar la sociedad. Pero terminaron siendo usadas para controlar los flujos de nacimientos de las clases más bajas y de determinados sectores raciales. El Estado, simplemente no podía permitir que una familia, con 4 hijos y bajos ingresos económicos pudiera seguir siendo fértil, puesto que ello supondría nuevas bocas que alimentar, con el aumento de la carga social correspondiente. Con la nueva reforma, se está dejando abierta la posibilidad de que, si bien el Estado no asuma una función directa y legitimadora de tales actos, si pueda darse la posibilidad por parte de los poderes públicos de decidir controlar un determinado flujo de natalidad. No olvidemos que la capacidad intelectiva no es cuestión netamente fisiológica, la educación condiciona la aptitud para ejercer muchos de los actos de nuestra vida diaria, aptitud la cual es tenida en cuenta para modificar judicialmente la capacidad de las personas. Y ésta  viene en demasiadas ocasiones condicionada por el entorno económico circundante, que impide el pleno acceso a la educación.

Es muy peligroso que estos procesos puedan concluir con un razonamiento semejante:
Una persona con bajo nivel cultural, pobres ingresos económicos, y cuya única contribución a la sociedad es ser una carga… ¿por qué habría de tener hijos?